Venezuela ante la CIJ. Viene el lobo feroz.

 

Por Josmar Fernández

          La Corte Internacional de Justicia, el pasado 6 de abril se pronunció referente a la excepción preliminar interpuesta por Venezuela, respecto a la admisibilidad de la demanda presentada por Guyana en marzo del año 2018, donde solicita que se declare la validez del Laudo Arbitral de París (3 de octubre de 1899). Por unanimidad, la objeción preliminar fue rechazada, por catorce votos contra uno.

Para algunos estudiosos del asunto, el recurso utilizado por Venezuela sirvió para ganar tiempo. Si bien Venezuela ha recurrido a un grupo de asesores internacionales, pareciera que, tras dos reveses, considerando también la sentencia sobre jurisdicción, emitida el 20 de diciembre de 2020, donde la Corte afirmó su competencia para conocer del caso; corresponde someter a cuestionamiento el desatinado desempeño, sobre todo, si, durante el proceso y desde otros espacios, reconocidos abogados y diplomáticos venezolanos advirtieron reiteradamente y con legítima preocupación, el desacierto que se cometería al llevar a cabo ciertas acciones.

Durante los dos procesos celebrados hasta ahora, ante la CIJ, en todo momento se conoció quiénes serían los asesores y representantes legales, por parte de la comitiva guyanesa, inclusive los dieron a conocer en comunicados de prensa. Por su parte, en Venezuela, a excepción del agente y coagentes, se conoció quiénes eran los asesores y representantes prácticamente el día en que se celebraron las audiencias orales; observándose, por cierto, la ausencia de abogados expertos en derecho internacional público, siendo que, este asunto compete a esta rama del derecho.

Se entiende la necesaria prudencia conque debe llevarse este tema, sobre todo siendo una cuestión que despierta los más profundos sentimientos nacionalistas y eso podría afectar la estrategia nacional, sin embargo, ha sido objeto de especial preocupación, entre los estudiosos ocupados prácticamente a dedicación exclusiva, no haber sido llamados para contribuir con sus conocimientos y experticia, a la conformación de equipos de consulta, para fortalecer la argumentación venezolana; y es que, debe entenderse la obligatoriedad de contar con expertos y/o especialistas que, se hayan dedicado, acuciosamente, a estudiar estos asuntos, eso no lo dan ocho años de lectura, ni unos minutos de WhatsApp; al contrario, eso demuestra desacierto y propicia la derrota.

En este punto, el presidente de Venezuela tiene una responsabilidad histórica, quizás de las más determinantes, sobre cómo va a pasar a la historia, respecto a tan delicado particular que, ha perturbado por más de una centuria al pueblo venezolano.

Tras el pronunciamiento de la Academia de Historia, el Colegio de Geógrafos, la organización activista Mi Mapa y algunos políticos. Conociendo así mismo, la providencia de la CIJ, dada a conocer hoy 13 de abril, sobre la fecha límite que tiene Venezuela para entregar su contra memoria (8 de abril de 2024); sería interesante conocer las voces de todas las fuerzas vivas, para coadyuvar a consolidar, con genuina madurez y responsabilidad ciudadana, el consenso nacional que necesitará el máximo mandatario, para tomar la decisión más sensata y trascendental para el país.

Resulta irrelevante insistir en señalamientos sobre el grado de responsabilidad que han tenido algunos personajes de la historia, para haber llegado a este punto, por impericia o soberbia. Es claro que, a lo largo de los años se ha incurrido en errores u omisiones que nos han llevado a estar en la situación actual. Corresponde hacer a un lado el fanatismo y comprender que nos jugamos la única oportunidad concreta, para demostrar, tal y como se ha sostenido a lo largo de la historia, que el Laudo Arbitral de 1899 es nulo e írrito.

Debemos seguir participando en el juicio.

 

A lo lejos se acerca el lobo feroz…ojalá no sea nuestra imagen reflejada en un espejo.

LA PATRIA COMIENZA EN LA FRONTERA

  La primera honda lección de patriotismo se recibe

cuando se logra cobrar conciencia clara y arraigada

del paisaje de la patria, después de haberlo hecho

estado de conciencia, reflexionar sobre éste

 y elevarlo a idea.

                Miguel de Unamuno

Por Josmar Fernández

Artículo publicado originalmente en el portal de Venezuela Inmortal el 22 de julio de 2021

El territorio, como uno de los elementos constitutivos del Estado, se define mediante el proceso de delimitación, asunto de orden político-jurídico producto de la negociación directa u otras instancias como la vía judicial, mediante el cual se establecen los límites de un Estado y queda materializado en el terreno, mediante el proceso de demarcación, cuestión de carácter técnico-operacional que se basa en la construcción de hitos o mojones a cierta distancia, para representar in situ el límite entre dos o más países.

Desde la perspectiva histórica, Venezuela -así como otras excolonias españolas-, heredó graves problemas al momento de definir sus límites territoriales, los cuales fueron establecidos teniendo en consideración principalmente accidentes geográficos, que en el terreno era difícil de ubicar, así como también refiere el ingeniero venezolano Carlos Hernández, exdirector de la Dirección de Demarcación del Ministerio de Relaciones Exteriores, resultaba trabajoso las identificaciones toponímicas, sin dejar de mencionar que a veces ni siquiera existía correlación entre lo escrito y la realidad geográfica, siendo aún más arduo la identificación del límite.

Siendo la Capitanía General de Venezuela la base jurídica de nuestra territorialidad, tal como expusieron los profesores Hermann González Oropeza y Manuel Donís Ríos en “Historia de las Fronteras de Venezuela” de Cuadernos Lagoven (1989), la territorialidad se ha convertido en un tema álgido, de gran debate y conflicto nacional, debido al sentimiento de pérdida territorial que comenzó con la definición de los límites, luego de la separación de Colombia La Grande y que ha perdurado hasta nuestros días en el inconsciente colectivo venezolano, general y esporádicamente exacerbado por cuestiones políticas, considerando el rédito que este asunto representa para los políticos de turno.

Las fronteras venezolanas son en extremo complejas, no solo por el contexto geográfico de las mismas, las circunstancias históricas y jurídicas que las caracteriza sino por la dinámica social, comercial e inclusive insurgente que se ha desarrollado en esos vastos y permeables espacios geográficos, tradicionalmente desatendidos por los gobiernos venezolanos.

Respecto a Colombia, figura como documentos de interés el Laudo Arbitral dictado por Doña María Cristina Regente de España en el año 1891 (Laudo Español), la Sentencia Arbitral dictada por el Consejo Federal Suizo en el año 1922-23 (Laudo Suizo) y los trabajos de los Expertos Árbitros Suizos de 1923, Tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial de fecha 1939. Aunado a ello, todas y cada una de las Actas levantadas por la Comisión Mixta de Límites desde 1900-1901. Materia, ya juzgada.

Del mismo modo, debe tenerse presente el Tratado sobre Demarcación de Fronteras y Navegación de los ríos comunes entre Venezuela y Colombia del año 1941, el cual estatuye en su artículo 1:

 “que todas las diferencias sobre materia de límites quedan terminadas; y que reconocen como definitivos e irrevocables los trabajos de demarcación hechos por las Comisiones Demarcadoras en 1901, por la Comisión de Expertos Suizos, y los que se hagan de común acuerdo por los comisionados designados”.

 Firmado en abril de 1941 y aprobado por el congreso en junio del mismo año, este documento duramente criticado por el Dr. Agustín Ascanio Jiménez, quien interpuso una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia en el año 1971, así como el Dr. Aquiles Monagas quien hiciera lo propio en 1974, 30 años después de firmado y aprobado, el controvertido instrumento jurídico que, además, otorgaba a Colombia -a perpetuidad-, el derecho a la libre navegación por los ríos, conforme a los dispuesto en el artículo 2.

 Inconveniente resulta, someter a discusión en esta instancia, la pertinencia o no de este Tratado, pero debe señalarse que, es ejemplo de derecho imperfecto, ya que, para dar cumplimiento y validez a la navegación fluvial estipulada en el artículo 2, se debe ejecutar previamente lo establecido en el artículo 3, donde se exhorta a “negociar y celebrar un Tratado de Comercio y Navegación”, cuestión que no se ha hecho en 80 años, por lo cual, es de ignorantes repetir que desde entonces Venezuela permite a Colombia la libre navegación por sus ríos.

En el ámbito terrestre, el límite entre Venezuela y Colombia corre 2.260 Km desde Castilletes, como punto más septentrional, en sentido sur hasta la vaguada de río Negro (punto trifinio donde convergen los límites entre Brasil, Colombia y Venezuela), a 3.600metros aproximadamente de Piedra del Cocuy. La situación del límite terrestre merece especial mención, ya que éste se configura en un 0,5% referido al borde de la laguna de Cocinetas, 20,1% de rectas, 14% de accidentes montañosos y 65,4% de ríos como límite fluvial (ver imagen 1). Respecto al espacio marítimo, todavía está pendiente la delimitación de áreas marinas y submarinas al noroeste del golfo de Venezuela, tema asignado a la Comisión Presidencial para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia y otros temas (CONEG) desde marzo del año 1990, asunto que no se discute desde hace 14 años.

Imagen 1. Límite entre Venezuela y Colombia. Tipo y longitud estimada.

Con Brasil, los asuntos limítrofes fueron solventados con la firma del Tratado de límites y Navegación Fluvial del año 1859 y los subsecuentes Protocolos correspondientes a los años 1905, 1912 y 1918, la divisoria de aguas fue la metodología adoptada para establecer la delimitación, correspondientes a 2109 Km de límite y un sector de alineamientos rectos de 90 Km aproximados. El límite terrestre parte desde la vaguada de río Negro en dirección sur y noreste 2199 Km aproximadamente hasta el Monte Roraima (ver imagen 2), donde convergen las tres fronteras del Brasil, Venezuela y la Guayana Británica, conocido como Punto Trifinio.

  

Imagen 2. Límite entre Venezuela y Brasil. Tipo y longitud estimada.

Aunque no existen problemas limítrofes entre Venezuela y Brasil, hay asuntos de demarcación y densificación de hitos que deben ser atendidos, así como, a causa de la misma situación de vecindad, los problemas fronterizos donde figuran la minería ilegal, contrabando, tráfico de drogas, prostitución y muy particularmente la violación flagrante y reiterada, por parte de Brasil, del Acuerdo sobre el establecimiento de una zona non-aedificandi en la frontera entre los dos países (1988), cuyo artículo II estatuye:

1.      La zona non-aedificandi tendrá 30 metros de ancho a cada lado de la línea fronteriza.

2.      En esta zona no podrá realizarse ningún tipo de actividades ni obras.

3.      Cada Parte adoptará las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en el presente Artículo.

 

Diferentes visitas a la línea limítrofe entre Venezuela y Brasil e inclusive la revisión de imágenes satelitales sirven de evidencia suficiente para detectar construcciones en las adyacencias de la mencionada línea. Sobre este particular, poco se conoce acerca de las acciones adoptadas por Venezuela para denunciar el incumplimiento de dicho Acuerdo, cuestión preocupante, sobre todo porque en materia fronteriza, desde el año 2015, no se han realizado mayores acercamientos.  

Poco se puede decir sobre la situación limítrofe y fronteriza entre Venezuela y Guyana, no por indiferencia, sino porque ha resultado un asunto altamente sensible, particularmente en los últimos 6 años, desde que en el año 2015 Guyana hiciera público importantes descubrimientos de petróleo costa afuera, en la proyección marítima de Guyana y el Esequibo, este último objeto de reclamación por parte de Venezuela.

Sobre la cuestión limítrofe, Venezuela sostiene que éste se encuentra determinado por el río Esequibo, no obstante, se tiene como referencia el Laudo Arbitral de París de 1899 y los procesos de demarcación celebrados posteriormente, cuyos resultados consta en las actas levantadas durante las inspecciones de los años 1900, 1901, 1902, 1905 y 1931. De acuerdo con el Laudo, el límite entre Venezuela y la Guayana Británica (hoy República Cooperativa de Guyana) se estableció de la siguiente forma:

Principiando en la costa a la Punta de Playa la línea de demarcación correrá por línea recta a la confluencia del río Barima con el Moruruma, y continuará por el medio de la corriente de este río hasta su fuente, y de este punto hasta la unión del río Halowa con el Amacuro, y continuará por el medio de la corriente del Amacuro hasta su fuente en la Sierra Imataca, y de allí al Sudoeste por las cimas más altas del espolón de la Sierra Imataca hasta el punto más elevado de la cordillera principal de dicha Sierra Imataca en frente de la fuente del Barima, y de allí seguirá la cima de dicha cordillera principal, al Sudeste hasta la fuente del Acarabisi, y de este punto continuará por el medio de la corriente de este río hasta el Cuyuní, y de allá correrá por la orilla septentrional del río Cuyuní al oeste hasta su confluencia en el Wenamu, y de este punto seguirá el medio de la corriente del Wenamu hasta su fuente más occidental, y de este punto por línea recta a la cumbre del Monte Roraima, y del Monte Roraima a la fuente del Cotinga, y continuará por el medio de la corriente de este río hasta su unión con el Takutú, y seguirá el medio de la corriente del Takutú hasta su fuente, y de este punto por línea recta al punto más occidental de la Sierra Akarai, y continuará por la cúspide de la Sierra Akarai hasta la fuente del Corentín llamado río Cutari.

 

Conforme a la Sentencia, el límite desde Punta de Playa hasta el río Cutari tiene una longitud de 605 Km aproximadamente, así mismo, no se hace referencia a la proyección marítima y poco se refirió posteriormente sobre el tema, “siendo la tierra la que confiere al Estado costero, un derecho a las aguas que bañan sus costas” (Morales Paúl, 1989), no obstante, se precisa recordar que, en 1962 Venezuela planteó ante las Naciones Unidas la invalidez del Laudo y desde entonces se realizaron una serie de acercamientos que redundaron en la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, instrumento jurídico de carácter procedimental que, más allá de haber logrado el reconocimiento expreso de una controversia “surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito”, no tuvo resultados concretos en 52 años, siendo el año 2018 crucial, ya que finalmente el secretario general de las Naciones Unidas decide elevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, con el propósito de dar solución definitiva a la controversia, al tiempo que abre la posibilidad de establecer debida delimitación de las áreas marinas y submarinas entre ambos Estados.

 Hasta ahora se ha descrito la configuración limítrofe en el espacio terrestre, pero es mandatorio entender que Venezuela es un país continental-marítimo, con dos litorales abiertos simultáneamente, hacia el mar Caribe y hacia el océano Atlántico, situación que exige definir hasta dónde llega la jurisdicción del Estado venezolano sobre estas áreas. Para ello, Venezuela se volcó desde finales de la década de los 70 y hasta inicios de la década de los 90, a entablar negociaciones directas con sus vecinos, vale destacar la delimitación con Países Bajos a través de Aruba, Curazao, Bonaire, Saba y San Eustaquio (1978), Estados Unidos a través de Puerto Rico (1978), República Dominicana (1979), Francia a través de Guadalupe y Martinica (1980) y Trinidad y Tobago (1990), siendo ésta la última delimitación concretada (ver imagen 3).

Imagen 3. Delimitaciones concluidas

En contraparte, persisten las delimitaciones marítimas pendientes con Colombia, al noroeste del golfo de Venezuela, Saint Kitts y Nevis, Monserrat, Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Grenada y eventualmente con Guyana, una vez sea resuelto el asunto territorial (ver imagen 4).    

Imagen 4. Delimitaciones pendientes.

 El espacio geográfico venezolano abarca entonces 916.445 Km² de superficie continental, cuyos vecinos inmediatos son Colombia, Brasil y Guyana, además supera los 560.000 Km² de espacio marítimo que limita con Colombia, República Dominicana, Países Bajos, Francia, Trinidad y Tobago, Guyana y el resto del rosario de islas orientales del Caribe, disponiendo de una superficie total aproximada de 1.476.445 Km², ello sin soslayar que, conforme a la reclamación sostenida ante Guyana, existe en discusión 159.500Km² de superficie correspondiente al territorio Esequibo. Además, considerar su envidiable posición geográfica, al encontrarse en el extremo norte de América del Sur y tener facilidades de comunicación vía terrestre, marítima, fluvial y/o aérea, con los países del sur, centro y norte américa, y el continente europeo y africano, nos advierte no solo lo vasto de nuestro espacio geográfico, sino la preeminencia que tiene o debería tener en el ámbito geopolítico y geoestratégico.

En palabras del general Celis Noguera (1991), “la frontera venezolana sufre de soledad, de marginalidad, de falta de infraestructura para su seguridad” y aun cuando han pasado 30 años de esa afirmación, la actualidad indica la alta permeabilidad de nuestras fronteras, siendo evidentes los reiterados y cada vez más violentos incidentes fronterizos en los últimos años, sobre todo en diversos sectores del río Arauca.

La desatención de las zonas fronterizas avizora la posibilidad que nuestros vecinos avancen y se fortalezcan en su pretensión expansiva de ocupación y desarrollo de sus espacios fronterizos, cuestión de implicaciones directas sobre nuestra frontera, como área de influencia inmediata. La indefinición o falta de precisión de nuestros espacios geográficos implica tarde o temprano conflictos con los Estados vecinos, por tal razón la importancia de conocer y procurar la determinación de nuestros confines.

¿Qué pasa con el Esequibo?

 

Por Josmar Fernández

@josmarfernandez

 

Nuevamente el tema del Esequibo quedó en silencio, pocas apariciones se han hecho para sensibilizar sobre la materia. Se conoce la existencia de equipos de trabajo que, laboran paralelamente, pero se desconoce si en algún punto suman esfuerzos o no, debido a las diferencias ideológicas.

 De cualquier manera, a veces corresponde definir algunos puntos de interés para coadyuvar a la mejor o mayor comprensión de un tema que, aunque para algunos sea increíble, numerosos venezolanos (y extranjeros) no terminan de entender.

 A partir de un trabajo adelantado hace más de diez años, sustentado en parte, sobre la revisión documental de fuentes primarias, referencias de otros estudiosos y la recogida “en campo”, se logran identificar algunas (in)coherencias que parecieran irrelevantes, pero que, en su justa medida, son importantes tomar en cuenta, para poder manejar políticamente los escenarios, a futuro.

 Los venezolanos se han debatido entre dos esquemas, por un lado, el Esequibo es nuestro, somos víctimas del despojo, entre cuyas ideas se sostiene: retomar los Buenos Oficios, apostar por la negociación directa, ir ante otra instancia diferente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)[1], realizar una incursión militar, promover la población y cedulación, resolver ante la CIJ. Por otro lado, hay quienes manifiestan el Esequibo no es nuestro, cuyas argumentaciones se circunscriben a: nunca lo fue, se perdió en 1897, se perdió en 1899, se regaló a inicios del año 2004. Aunado a ello, se encuentra el debate entre comparecer o no ante la CIJ, al menos en esta segunda fase del proceso adelantado por esta instancia internacional.

 Si no comprendemos el problema y nos ponemos en sintonía, mal podemos llamar a las fuerzas vivas para, desde un acto consciente, respaldar o rechazar decisiones que les son ajenas. Entendemos entonces que se apelaría a la incuestionable e irreflexiva solidaridad automática, debatible en estos tiempos debido al quiebre político conocido por todos. La clave está en los especialistas y/o expertos, no solo en la controversia del Esequibo sino en materia de Derecho Internacional Público.

 Afrontamos un tema multifactorial que, exige un trabajo multidisciplinario entre abogados expertos en Derecho Internacional, geógrafos, historiadores, internacionalistas y politólogos (no políticos). Me disculpo de antemano si se me escapan otros. La situación requiere poner en práctica el consenso toda vez que, al revisar los escritos y las presentaciones públicas de algunos estudiosos, se pueden identificar que, más allá de la repetición de frases habituales, existen diferencias importantes sobre algunas cuestiones sustantivas que son mandatorio abordar, algunas de ellas con implicaciones directas sobre la fase de fondo, próxima a discutir ante el máximo tribunal internacional (CIJ), otras referidas a sincerar la reclamación territorial.

 Dentro de los asuntos de necesaria atención y sobre los cuales debe prevalecer una posición coherente, están las negociaciones entre Venezuela y Reino Unido previo a 1897, la discusión sobre la ejecución o no del Laudo Arbitral de 1899 por parte de Venezuela, elementos de vicios del Laudo, las negociaciones entre Venezuela y Guyana a partir de 1966, consciencia sobre la pertinencia o no de la CIJ como mecanismo ideal de solución de la controversia, ventajas y desventajas de comparecer o no ante la CIJ, el factor tiempo como problema para la toma de decisiones oportunas, alternativas de delimitación marítima ante posibles escenarios.

 En lo inmediato, los esfuerzos deben ser direccionados hacia las cuestiones de fondo, próximas a debatir ante la CIJ, ello implica la revisión de los hechos y el análisis -objetivo- de las acciones y omisiones emprendidas por Venezuela desde el inicio de la controversia hasta 1966, pero ello no exime atender otros asuntos que proporcionarían mayor comprensión de la reclamación sostenida por Venezuela.

 Evidentemente, la recopilación de información juega un papel fundamental, por lo cual se requiere de extraordinaria coordinación para procesarla debidamente. En algunos espacios se escucha reiteradamente sobre la búsqueda de información en archivos extranjeros principalmente Rusia, España, Londres, el Vaticano, pero poco se escucha (aunque sea evidente) de los archivos de: Cancillería venezolana, Oficina de Fronteras, Armada Nacional, Academia de Historia, Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB, Centro de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales en la UNIMET, el material documental y gráfico o cartográfico dejado por el Alm. Elías Daniels, durante los 19 años que estuvo al frente de la Unidad Especial de Guayana, el material documental dejado por el embajador Emilio Figueredo Planchart, durante su representación por 12 años con el tema de los Buenos Oficios. Sin contar algunos particulares que tienen o han adelantado esa tarea, como el Dr. Brewer Carías, durante su expedición en 1981.

 De quienes poco se habla son de dos insignes abogados venezolanos como son Gonzalo Parra Aranguren y Andrés Aguilar Mawdsley, quienes figuran como los dos únicos venezolanos que han sido jueces en la Corte Internacional de Justicia. En el caso del Dr. Aguilar, es obligatorio mencionar entre sus trabajos: “Aceptación de la Jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Reservas a la cláusula opcional” (1993), “La validez o nulidad de las sentencias arbitrales en el Derecho Internacional Público” (1996), “La jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia a la luz de la jurisprudencia de este alto tribunal” (1996). “La prueba ante la Corte Internacional de Justicia” (1998). Como se verá, temas claves que dan luces a la controversia.

 A veces preocupa la ojeriza con la cual algunos ven los trabajos de otros connacionales, debido a cuestiones personales, su vinculación política o porque sus posturas (debidamente argumentadas) difieren de lo que se ha querido imponer, dejando a un lado su rigurosidad investigativa, experiencia y preparación técnica, sin embargo, necesario es rescatar el material valioso que permita consolidar una tesis defendible y cimentar la doctrina venezolana en esta materia.  

 No podemos olvidar el principio de la corresponsabilidad, sobre el cual constitucionalmente estamos obligados a acogernos, si queremos promover, de forma activa y responsable, la defensa de nuestros derechos soberanos, gravemente amenazados en la actualidad.

 

Caracas, 3 de junio de 2021.

josmarfernandez@gmail.com

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[1] Representantes de la ONG “Fundación Venezuela Esequiba”, por ejemplo, han manifestado la viabilidad de acudir ante el Vaticano (Foro 119. 29 de agosto de 2019).

El viacrucis del Dr. Charles Brewer Carías

Por Josmar Fernández

@Josmarfernandez 

“La República Cooperativa de Guyana, violando el congelamiento que le impone el Protocolo de Puerto España, ha desarrollado intensamente el Territorio Venezolano en reclamación”, así dejaba por sentado en su informe, hace 40 años, el Dr. Charles Brewer Carías, ministro de la Juventud, responsable de haber llevado a cabo durante la Semana Santa de 1981, la única salida de campo (conocida) de rigor que se ha realizado en del territorio Esequibo y sus adyacencias, junto a 50 jóvenes en misión de campamento juvenil, a propósito de consolidar los principios de identidad nacional.

Según palabras del entonces ministro, esa idea fue conversada con las FFAA y éstos le prestaron apoyo logístico de pernocta en el Fuerte Tarabay y traslado hasta el último tramo de la carretera, donde iniciarían, sin ningún tipo de acompañamiento militar, su largo recorrido hacia un sector de la parte norte del territorio en reclamación, según la programación desarrollada por 14 colaboradores, encabezados por el Dr. Brewer Carías.

La expedición fue grabada, el trabajo de gabinete incluyó registro fotográfico y escrito de las características más resaltantes de los pueblos visitados, así como el sistema de comunicación disponible. Además, refirió pruebas de presencia de patrullas militares guyanesas en una mina de manganeso abandonada, en el estado Bolívar.

El programa de campamentos con fines de reconocimiento era una estrategia cristalizada dentro del marco del VI Plan de la Nación que según el expedicionario “creemos que se puede reforzar la identidad nacional y poblar el territorio venezolano” (El Mundo, 27 de abril de 1981), participar en él, según Reinaldo Alvarado, viceministro de la juventud para la época, exigía solo dos requisitos: haber cumplido 16 años y ser declarado física y mentalmente apto (El Diario de Caracas, 25 de abril de 1981).

El ministro de la Juventud fue duramente fustigado por considerarlo imprudente, sobre todo los representantes de Acción Democrática, el expresidente Carlos Andrés Pérez y David Morales Bello, este último quien refiriera “Solo un gobierno poco serio puede permitir que un ministro de la Juventud invada Guyana”, a la sazón de lo descrito por el gobierno guyanés, calificándolo de “provocación sin precedente…provocación grosera”.

 El Nacional. 27 de abril de 1981.

Tal proeza no fue un paseo ni requirió la presencia de los políticos como acto simbólico, se hizo sin mayor alarde, y sus resultados fueron altamente interesantes, no solo por la información recopilada referida a pueblos, vías principales, medios de transporte y comunicación e infraestructura, incluyendo pistas de aterrizaje que, pudo servir de insumo para diseñar estrategias políticas, socioeconómicas y militares a futuro, sino por las reacciones desencadenadas a nivel nacional que terminaron en la destitución del ministro entre contradicciones que se diluyeron en el silencio.  

El Dr. Brewer y su equipo desnudaron una parte de un territorio poco conocido por los venezolanos, pero cada día más desarrollado por los guyaneses, y potencialmente por Brasil, interesado en desarrollar conjuntamente un plan de carreteras que alcanzaba aproximadamente 800 millas, para entonces. Evidenció también que durante el “congelamiento” promovido por el Protocolo de Puerto España (1970-1982) Guyana fue consolidándose progresivamente en la zona en reclamación, a la par que, fortalecía el entrenamiento de su personal militar en teatro de operaciones de selva (Diario Guyana Graphic, 19 de octubre de 1969), entrenamiento que por cierto había realizado en Brasil el entonces capitán David Granger, presidente de Guaya en el período 2015-2020.

El Nacional. 28 de abril de 1981.

        Indudablemente, la ocupación y consolidación de actividades en la zona es de vieja data, pero Venezuela en todo momento se opuso y protestó a tiempo y de forma contundente todo tipo de proyecto que involucrara a terceros actores y cualquier mecanismo de financiamiento internacional. La situación se complicó luego de las declaraciones en Georgetown del entonces presidente venezolano a inicios del año 2004, cuando manifestó:

“El Gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área. Me refiero a proyectos como acceso al agua potable, construcción de carreteras, programas energéticos y de agricultura…El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países” (negrita propia).

Esta declaración sin duda asestó un duro golpe de timón a la posición venezolana sostenida hasta entonces, robusteció las acciones emprendidas por Guyana para aumentar y promover la entrega de licitaciones de exploración y explotación minera, maderera y petrolera, no solo en el espacio continental del Esequibo, bajo su administración desde 1966 producto de la herencia británica con el Laudo Arbitral de 1899, sino también en su proyección marítima, espacio geográfico pendiente por delimitar y donde nuestros derechos soberanos se ven peligrosamente amenazados, frente a tantos intereses en juego.

29/03/2021

Venezuela, Guyana y la CIJ ¿Ahora qué?

 

Por Josmar Fernández

 Romantizar la controversia entre Venezuela y Guyana es impropio por parte de quienes tenemos y/o hemos adoptado la responsabilidad de estudiar los temas de límites y fronteras, o en su defecto, la reclamación del territorio Esequibo.

 En este punto, los cuestionamientos no tienen ningún valor, más allá del que quedará registrado para la historia en los expedientes dispuestos para el debido seguimiento del caso, donde no solo quedarán en evidencia los hechos, sino las acciones y omisiones de los gobiernos e inclusive algunos personajes y partidos políticos.

 La sentencia dictada causa un inmenso revuelo dentro de nuestras fronteras, al menos entre quienes han seguido de cerca la controversia, pese a que era de esperarse tal respuesta. Lamentablemente no solo nos agarra en una situación política y socioeconómica difícil, sino en medio de una profunda desprofesionalización de las instituciones y un grupo mermado de especialistas y expertos en la materia. Esto nos obliga a ampararnos en las diligencias que puedan adelantar nuestros asesores, entre ellos el reconocido abogado español Remiro Brotons.

 La situación deja un especial sinsabor, conociendo la desaparición física del abogado venezolano Enrique Planchart, indiscutible conocedor del tema, cuya trayectoria se desarrolló prácticamente en la Dirección de Soberanía, Límites y Fronteras, ahora Oficina de Fronteras, de la Cancillería, convirtiéndose -por muchos años- en su asesor jurídico. Con él desapareció una parte importante de la memoria histórica en materia limítrofe y fronteriza.

 Dada las circunstancias actuales, nuestro margen de acción pareciera reducido, sin embargo, es oportuno considerar la necesidad de creación de equipos de trabajo multidisciplinarios con profesionales serios, calificados y de reconocido desempeño en la materia que, promuevan la investigación de aspectos sustantivos sobre la controversia, quienes pudieran clarificar y/o descubrir nuevos elementos que refuercen nuestra Posición Nacional, término que, de acuerdo con Sainz Borgo[1] (2006) "se refiere al ejercicio de la Soberanía de forma consistente, permanente e ininterrumpida en el tiempo, por parte de un Estado, en torno a un tema en particular". 

 Para ello, debe entenderse que el trabajo requiere del esfuerzo conjunto, en virtud a la obligación de hacer una compilación de todos aquellos Tratados y Convenios internacionales reconocidos y debidamente ratificados por las partes, la Costumbre Internacional que figura como una práctica generalmente aceptada como derecho, conforme a la aquiescencia de las partes involucradas; las decisiones de los Tribunales Internacionales, las doctrinas desarrolladas por los profesionales más prominentes de las distintas naciones, así como los actos unilaterales de los Estados, entiéndase notas diplomáticas, declaraciones unilaterales, leyes, normas, decretos y/o reglamentos. 

 Esto sugiere una labor titánica, inviable sin el apoyo de las instituciones y poco productiva si se desestiman los profesionales especializados y con experiencia en el área, más aún, ante las diferentes perspectivas sobre cómo llevar un tema de interés nacional, por sobre los intereses político-partidistas e inclusive particulares.

Lo interesante es que desde el lado que lo analicen, siempre que nuestra aspiración sea al menos un buen desempeño del Estado venezolano, es ineludible recurrir a los expertos nacionales e internacionales; no solo por logros académicos o cargos, sino por la probada experiencia y dedicación a la materia. Ello no descarta la participación de otros profesionales, pero en estos temas (así como en otros tantos), la experticia debe prevalecer sobre el amiguismo o compadrazgo, como ocurre en todo país serio cuando se trata de cuestiones de interés nacional.

 Recordemos, toda controversia sometida ante la CIJ, debe ser resuelta conforme al Derecho Internacional según lo estipulado en el artículo 38 del Estatuto de la Corte, numeral 1, sin perder de vista que en el numeral 2 se aclara que ello “no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren”, es decir una solución más equitativa “de acuerdo con lo correcto y lo bueno”.

Es necesario tener prudencia y revisar con detenimiento la sentencia, pero no puede seguir la censura con tanto todero involucrado, quienes han evidenciado en algunos espacios falta de experticia y conocimiento en la materia. Precisamos ubicar y contar con el apoyo de profesionales venezolanos con sobrada experiencia en materia de límites, fronteras y Derecho Internacional como los hermanos Figueredo Planchart, Dr. Jean François Pulvenis, Dr. Juan Carlos Sainz Borgo, Dra. Carolina Montiel; y en lo que respecta a la asesoría internacional de primer nivel, deberíamos pensar también en personajes interesantes como Pierre Marie Dupuy y Guomundur Eirícksson, la gran pregunta es: ¿Venezuela tendrá disposición para contratarlos?    

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[1] Abogado venezolano, exsecretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Integración y Asuntos Fronterizos (COPIAF), actualmente decano de la Universidad para la Paz (ONU) en Costa Rica.

¿VENEZUELA CONTRA GUYANA...O CONTRA SÍ MISMA?

Por Josmar Fernández

@josmarfernandez

“Guayana Esequiba por encima de los partidos”, debe ser la consigna venezolana del momento”, esas fueron las palabras del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Iribarren Borges en 1965. Aunque todavía vigente, 55 años después, cada vez menos venezolanos comparten su profunda preocupación acerca del estatus de la reclamación por el territorio Esequibo, en virtud del nivel de desinformación y la falta de consenso y claridad sobre las acciones emprendidas, así como de los resultados concretos en relación con dicha controversia.

El martes 30 de abril del presente año, se realizó la audiencia oral ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso Guyana-Venezuela, frente los ojos incrédulos de muchos venezolanos. Tras las actividades protocolares, el secretario de la CIJ procedió a leer el Memorandum enviado por el Estado venezolano, en donde razonaba su no reconocimiento de jurisdicción de la corte y por tanto su no participación en el procedimiento que se daría curso. Según lo publicado, dicho instrumento constaba de 56 páginas y estaba acompañado por 155 páginas de anexos.

Guyana por su parte, entregó un documento de 156 páginas, donde expone su razonamiento, y  de manos de Shridath Ramphal, ex canciller guyanés de 90 años de edad, segundo secretario general de la Commonwealth en el período 1975-1990 y asesor de Guyana en la controversia, siendo el único testigo vivo presente en la firma del Acuerdo de Ginebra, explica en primera instancia que oposición y gobierno unido, están presentes para defender los intereses del Estado Guyanés, al tiempo que lo acompañaban abogados con sobrada experiencia en la materia, como fueron Payan Abkaban (iraní), Paul Reichler (norteamericano), Phillipe Sans de Matrix Chambers (británico), además del profesor francés Alain Pellet.

Posterior a ello y tras casi cuatro meses de espera por los resultados de las elecciones presidenciales en Guyana, finalmente el 2 de agosto, el GECOM declara a Mohamed Irfaan Ali, representante del Partido Progresista del Pueblo (PPP), presidente de la República Cooperativa de Guyana.

Tras los fuertes rumores de su triunfo, en Venezuela se pretendió generar una matriz de opinión, sobre su posible reacción amistosa de flexibilizar o hasta retirar la demanda interpuesta ante la CIJ por el gobierno de David Granger, representante del partido opositor Una Asociación para la Unidad Nacional (APNU). De hecho, se le hizo llegar al nuevo presidente, al menos dos cartas solicitándole supeditar el caso al Acuerdo de Ginebra, el 3 de agosto por motu propio, el señor Antonio Ledezma y posteriormente, el 8 de agosto, la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional (AN), esta última sin siquiera haber estado firmada por el señor Juan Guaidó, por lo menos como el presidente de la AN.

Basta ver la reacción magistral del presidente de Guyana, quien declaró el sábado 8 de agosto, en su discurso inaugural, que fue precisamente su partido “el que puso fin al interminable diálogo de los buenos oficios…y que brindó todo su apoyo a la administración anterior”; además de ello, el domingo 9 de agosto, la cancillería guyanesa, bajo responsabilidad del educador  Hugh Todd, informó que mantendría el mismo equipo asesor ante la CIJ, y retendría a Carl Greenidge para el caso Guyana-Venezuela, aun cuando éste fuera señalado como “corrupto” por el nuevo mandatario. Demostrando así que la controversia es un tema de interés de Estado y por ello aseguran su tradicional equipo de asesores guyaneses.

Interesa centrarse en Venezuela. Recientemente han aparecido propuestas para crear instancias de Alto Nivel, para abordar la controversia. La cuestión es que dichas propuestas no son novedosas, las mismas fueron sugeridas por expertos y estudiosos del tema en los años 80, por nombrar algunos el Dr. Isidro Morales Paúl y el Dr. Rafael Sureda Delgado, quienes, junto a otros personajes de interés, dejaron material invaluable, donde inclusive especifican recomendaciones tendientes a lograr mejores condiciones, para tomar decisiones adecuadas y certeras respecto al manejo de la reclamación. Sugerencias desestimadas, debido a las evidentes falencias que tenemos actualmente y que pudieron ser compensadas en su debida oportunidad. 

Precisemos. Para tratar el tema de la reclamación por el Esequibo, si bien reconfiguraron la Dirección de Fronteras durante la presidencia del Dr. Rafael Caldera, se creó específicamente la Unidad Especial de Guyana en el año 1995, la cual estuvo a cargo por 19 años, del vicealmirante Elías Daniels. Paralelo a ello, en el año 2006 se crea la Unidad Especial para el Esequibo, bajo responsabilidad del coronel Pompeyo Torrealba hasta hace poco. Posteriormente, en septiembre del año 2015 se crea la “Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes”, que aun cuando no reemplaza las Comisiones Presidenciales ya establecidas para ello con Colombia desde 1990, abordan de igual manera los cuatro frentes, incluyendo Guyana. Por su parte en febrero del año 2018 la Asamblea Nacional crea la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y su Fachada Atlántica.

En materia de consulta propiamente, Venezuela no cuenta con los expresidentes de la República, puesto que todos han fallecido. Entre los excancilleres vivos, dada la polarización imperante, es inviable una reunión entre quienes fueron responsables de la Política Exterior venezolana.

Es obligatorio y lógico, recurrir a los antiguos directores de la Oficina de Fronteras de Cancillería, siendo el más longevo de ellos, el Dr. Román Rojas Cabot, diplomático de sobrada experiencia, quien además fuera embajador en Guyana, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Fronteras entre 1971-1976, Asesor de la Secretaría Permanente del Consejo de Seguridad y Defensa y Secretario Ejecutivo de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE).  Injustamente olvidado por todos.

Asimismo, se deben consultar a embajadores y personajes con participación o experiencia directa en la materia, entre ellos el Dr. Emilio Figueredo Planchart, quien fuera Embajador especial ante las Naciones Unidas para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, Facilitador de Venezuela, por 12 años, en el proceso de buen oficiante en la negociación con Guyana y ex integrante de la delegación venezolana en la III Conferencia sobre Derecho del Mar. Sadio Garavini, quien se desempeñó como embajador en Guyana en el período 1980-1984, y Darío Morandy, embajador en Guyana en el período 2007-2012.

Aparte de ellos, existe la primera generación de relevo, producto del trabajo continuo y directo con los expertos y especialistas que desempeñaron funciones en materia de fronteras, profesionales quienes en su mayoría se encuentran fuera del país; así como la segunda y última generación de relevo que se debatió entre los intercambios con dichos personajes y el material documental y cartográfico dejado por ellos.

Deben considerarse a los políticos específicos que prudentemente han mantenido un discurso claro y consecuente sobre la reclamación; también quienes se han mostrado interesados en estudiar y profundizar sobre la controversia, pero carecen de experiencia en el manejo directo u oficial de los temas afines. Debe ser entendido que la experiencia y las credenciales que vienen con ella tienen un peso fundamental en el manejo de los asuntos sensibles, sobre todo cuando se habla de la integridad territorial.

Desde una perspectiva crítica, distinto de los guyaneses, el trabajo no se ha hecho y los venezolanos desconocen quiénes conforman sus equipos asesores y la experiencia que tienen en materia de fronteras, especialmente en el caso del Esequibo, ya que de ello y de la experticia que se tenga en el manejo del Derecho Internacional, depende exclusivamente nuestro mejor o peor desempeño para manejar tan sensible particular. Las decisiones son políticas, sí, pero deben estar respaldadas por elementos de orden diplomático, jurídico y necesariamente técnico. 

Cada instancia responde a enfoques desenfadados, para darle un toque personal. Cosa grave, porque el tema de fronteras no necesita esnobismo, sino coherencia y continuidad en el tiempo, para fortalecer la Posición Nacional. 

A diferencia de Brasil, Colombia y Guyana, Estados de reconocido desempeño en el área diplomática; absurdamente hemos desestimado la vasta experiencia que obtienen las personas en el cumplimiento de sus funciones como decisores, analistas o investigadores exclusivos de un área específica. Cosa que no se reemplaza con dos o tres cuartillas escritas.

Los especialistas por no ser debidamente valorados han buscado otros rumbos, o peor aún, los han reemplazado por personas con poca o ninguna experticia en el área, en perjuicio de los intereses de nuestro país, sacrificando años de conocimientos adquiridos y la potencial formación de la -tan necesaria- generación de relevo, vista nuestra condición de vecindad. Como dice un amigo: ¡Qué suerte tiene Guyana!

 “Nuestra responsabilidad como ciudadanos, es enterarnos y que no nos mientan y nos engañen y elegir bien y tomar decisiones correctas”. 

Cayetana Álvarez, 2019.

Caracas, 22 de agosto de 2020.

 josmarfernandez@gmail.com

Rafael Sureda Delgado. In memoriam

 

Por Josmar Fernández

Tras la infausta noticia del fallecimiento del Dr. Rafael Sureda Delgado, corresponde sin duda rendirle tributo, aunque sea en unas pocas líneas. Tengo la satisfacción de haber hablado con él en dos oportunidades durante la cuarentena y haberle manifestado mi admiración por su investigación acusiosa y su pluma inclemente, para poner en contexto situaciones que exigían profunda reflexión así como, identificar las responsabilidades del manejo de la controversia sobre el Esequibo. 

En la última llamada me comentó: "me decían que los trapitos sucios se lavan en casa, sí, pero ¿si no se conocen o consideran, cómo se analiza de verdad?", ello demostraba cuan preclaro y desinhibido fue para decir lo necesario, frente a la creciente imposición de obligarnos a repetir el mismo discurso de los demás, con los ojos, oídos y el entendimiento cerrado. Por lo cual, sus argumentaciones resultaban incómodas para algunos, cuestión que nunca fue obstáculo para defender su posición sobre la materia, en donde estuviera.

El Dr. Sureda, era una persona muy dulce y muy dispuesta a conversar en cualquier momento sobre los problemas territoriales de Venezuela, de hecho, como uno de sus últimos trabajos, realizó un seguimiento minucioso de los eventos ocurridos en los últimos 20 años respecto a la reclamación por el Esequibo, titulado "ESEQUIBO ¿Lo perdimos definitivamente?", frase bastante sugestiva, sin duda.  

Su desempeño se refleja en su trabajo presentado para optar al ascenso a Profesor Asistente "Venezuela y Gran Bretaña. Historia de una Usurpación" finalizado en 1974 y publicado por la UCV en 1980. La ampliación del Capítulo IV de este libro, le permitió posteriormente, presentar su trabajo "Betancourt y Leoni en la Guayana Esequiba", para optar a su acenso como Profesor Agregado, publicado por la UCV en 1984.

De igual manera fue coautor del libro "Venezuela y sus Fronteras en las actuales circunstancias", publicado por la Universidad Popular Alverto Carnevali en 1989. Asimismo, publicó "LA GUAYANA ESEQUIBA, dos etapas en la aplicación del Acuerdo de Ginebra" con apoyo de la Academia Nacional de la Historia, en coedición con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, en 1990. 

Sus libros son de obligatoria lectura si que quiere entender, reflexionar y cuestionar las acciones adoptadas no solo por los gobiernos, sino por variadas personalidades del ámbito político, derivadas de la formalización de la reclamación venezolana en 1962.

En el ámbito profesional, Rafael Sureda Delgado era internacionalista de la UCV, Doctor en Ciencias Políticas y profesor de Derecho Internacional en la misma casa de estudios. Fue presidente del Colegio de internacionalistas entre 1980 y 1982, integró la Comisión Asesora para la Reclamación del Esequibo (Capre) entre 1982 y 1983, Director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, entre 1990 y 1996, al tiempo que fungió como Asesor del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa entre 1995 y 1996. Además de ello, siempre se mantuvo activo como conferencista sobre los conflictos territoriales venezolanos, en los Centros de Estudio de la Fuerza Armada Nacional, entre 1979 y 2002. Colaborador de la Fundación Empresas Polar, en el Proyecto GeoVenezuela, para el desarrollo del "Capítulo 79, Venezuela y la Guayana Esequiba",  año 2008.

Partió un trabajador incansable, amante de su país y su familia. Sus escritos son el mejor legado para las generaciones críticas, comprometidas con un mejor país.

QEPD profesor. Gracias!