Por Josmar
Fernández
@josmarfernandez
Nuevamente el tema del Esequibo quedó en silencio, pocas apariciones se
han hecho para sensibilizar sobre la materia. Se conoce la existencia de
equipos de trabajo que, laboran paralelamente, pero se desconoce si en algún
punto suman esfuerzos o no, debido a las diferencias ideológicas.
De cualquier manera, a veces corresponde definir algunos puntos de
interés para coadyuvar a la mejor o mayor comprensión de un tema que, aunque
para algunos sea increíble, numerosos venezolanos (y extranjeros) no terminan
de entender.
A partir de un trabajo adelantado hace más de diez años, sustentado en
parte, sobre la revisión documental de fuentes primarias, referencias de otros
estudiosos y la recogida “en campo”, se logran identificar algunas
(in)coherencias que parecieran irrelevantes, pero que, en su justa medida, son
importantes tomar en cuenta, para poder manejar políticamente los escenarios, a
futuro.
Los venezolanos se han debatido entre dos esquemas, por un lado, el Esequibo es nuestro, somos víctimas del despojo, entre cuyas ideas se
sostiene: retomar los Buenos Oficios, apostar por la negociación directa, ir
ante otra instancia diferente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ),
realizar una incursión militar, promover la población y cedulación, resolver
ante la CIJ. Por otro lado, hay quienes manifiestan el Esequibo no es nuestro,
cuyas argumentaciones se circunscriben a: nunca lo fue, se perdió en 1897, se
perdió en 1899, se regaló a inicios del año 2004.
Aunado a ello, se encuentra el debate entre comparecer o no ante la CIJ, al
menos en esta segunda fase del proceso adelantado por esta instancia
internacional.
Si no
comprendemos el problema y nos ponemos en sintonía, mal podemos llamar a las
fuerzas vivas para, desde un acto consciente, respaldar o rechazar decisiones
que les son ajenas. Entendemos entonces que se apelaría a la incuestionable e
irreflexiva solidaridad automática, debatible en estos tiempos debido al
quiebre político conocido por todos. La clave está en los especialistas y/o
expertos, no solo en la controversia del Esequibo sino en materia de Derecho
Internacional Público.
Afrontamos
un tema multifactorial que, exige un trabajo multidisciplinario entre abogados
expertos en Derecho Internacional, geógrafos, historiadores, internacionalistas
y politólogos (no políticos). Me disculpo de antemano si se me escapan otros.
La situación requiere poner en práctica el consenso toda vez que, al revisar
los escritos y las presentaciones públicas de algunos estudiosos, se pueden
identificar que, más allá de la repetición de frases habituales, existen
diferencias importantes sobre algunas cuestiones sustantivas que son mandatorio
abordar, algunas de ellas con implicaciones directas sobre la fase de fondo,
próxima a discutir ante el máximo tribunal internacional (CIJ), otras referidas
a sincerar la reclamación territorial.
Dentro de
los asuntos de necesaria atención y sobre los cuales debe prevalecer una
posición coherente, están las negociaciones entre Venezuela y Reino Unido
previo a 1897, la discusión sobre la ejecución o no del Laudo Arbitral de 1899
por parte de Venezuela, elementos de vicios del Laudo, las negociaciones entre
Venezuela y Guyana a partir de 1966, consciencia sobre la pertinencia o no de
la CIJ como mecanismo ideal de solución de la controversia, ventajas y
desventajas de comparecer o no ante la CIJ, el factor tiempo como problema para
la toma de decisiones oportunas, alternativas de delimitación marítima ante
posibles escenarios.
En lo
inmediato, los esfuerzos deben ser direccionados hacia las cuestiones de fondo,
próximas a debatir ante la CIJ, ello implica la revisión de los hechos y el
análisis -objetivo- de las acciones y omisiones emprendidas por Venezuela desde
el inicio de la controversia hasta 1966, pero ello no exime atender otros
asuntos que proporcionarían mayor comprensión de la reclamación sostenida por
Venezuela.
Evidentemente,
la recopilación de información juega un papel fundamental, por lo cual se
requiere de extraordinaria coordinación para procesarla debidamente. En algunos
espacios se escucha reiteradamente sobre la búsqueda de información en archivos
extranjeros principalmente Rusia, España, Londres, el Vaticano, pero poco se
escucha (aunque sea evidente) de los archivos de: Cancillería venezolana, Oficina
de Fronteras, Armada Nacional, Academia de Historia, Instituto de Investigaciones
Históricas de la UCAB, Centro
de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales en la UNIMET, el material
documental y gráfico o cartográfico dejado por el Alm. Elías Daniels, durante
los 19 años que estuvo al frente de la Unidad Especial de Guayana, el material
documental dejado por el embajador Emilio Figueredo Planchart, durante su
representación por 12 años con el tema de los Buenos Oficios. Sin contar
algunos particulares que tienen o han adelantado esa tarea, como el Dr. Brewer
Carías, durante su expedición en 1981.
De quienes poco se habla son
de dos insignes abogados venezolanos como son Gonzalo Parra Aranguren y Andrés
Aguilar Mawdsley, quienes figuran como los dos únicos venezolanos que han sido
jueces en la Corte Internacional de Justicia. En el caso del Dr. Aguilar, es
obligatorio mencionar entre sus trabajos: “Aceptación de la Jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de
Justicia. Reservas a la cláusula opcional” (1993), “La validez o nulidad de las
sentencias arbitrales en el Derecho Internacional Público” (1996), “La
jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia a la luz de la
jurisprudencia de este alto tribunal” (1996). “La prueba ante la Corte
Internacional de Justicia” (1998). Como se verá, temas claves que dan luces a
la controversia.
A veces preocupa la ojeriza
con la cual algunos ven los trabajos de otros connacionales, debido a
cuestiones personales, su vinculación política o porque sus posturas
(debidamente argumentadas) difieren de lo que se ha querido imponer, dejando a
un lado su rigurosidad investigativa, experiencia y preparación técnica, sin
embargo, necesario es rescatar el material valioso que permita consolidar una
tesis defendible y cimentar la doctrina venezolana en esta materia.
No podemos olvidar el
principio de la corresponsabilidad, sobre el cual constitucionalmente estamos
obligados a acogernos, si queremos promover, de forma activa y responsable, la
defensa de nuestros derechos soberanos, gravemente amenazados en la actualidad.
Caracas, 3 de junio de 2021.
josmarfernandez@gmail.com
