LA PATRIA COMIENZA EN LA FRONTERA

  La primera honda lección de patriotismo se recibe

cuando se logra cobrar conciencia clara y arraigada

del paisaje de la patria, después de haberlo hecho

estado de conciencia, reflexionar sobre éste

 y elevarlo a idea.

                Miguel de Unamuno

Por Josmar Fernández

Artículo publicado originalmente en el portal de Venezuela Inmortal el 22 de julio de 2021

El territorio, como uno de los elementos constitutivos del Estado, se define mediante el proceso de delimitación, asunto de orden político-jurídico producto de la negociación directa u otras instancias como la vía judicial, mediante el cual se establecen los límites de un Estado y queda materializado en el terreno, mediante el proceso de demarcación, cuestión de carácter técnico-operacional que se basa en la construcción de hitos o mojones a cierta distancia, para representar in situ el límite entre dos o más países.

Desde la perspectiva histórica, Venezuela -así como otras excolonias españolas-, heredó graves problemas al momento de definir sus límites territoriales, los cuales fueron establecidos teniendo en consideración principalmente accidentes geográficos, que en el terreno era difícil de ubicar, así como también refiere el ingeniero venezolano Carlos Hernández, exdirector de la Dirección de Demarcación del Ministerio de Relaciones Exteriores, resultaba trabajoso las identificaciones toponímicas, sin dejar de mencionar que a veces ni siquiera existía correlación entre lo escrito y la realidad geográfica, siendo aún más arduo la identificación del límite.

Siendo la Capitanía General de Venezuela la base jurídica de nuestra territorialidad, tal como expusieron los profesores Hermann González Oropeza y Manuel Donís Ríos en “Historia de las Fronteras de Venezuela” de Cuadernos Lagoven (1989), la territorialidad se ha convertido en un tema álgido, de gran debate y conflicto nacional, debido al sentimiento de pérdida territorial que comenzó con la definición de los límites, luego de la separación de Colombia La Grande y que ha perdurado hasta nuestros días en el inconsciente colectivo venezolano, general y esporádicamente exacerbado por cuestiones políticas, considerando el rédito que este asunto representa para los políticos de turno.

Las fronteras venezolanas son en extremo complejas, no solo por el contexto geográfico de las mismas, las circunstancias históricas y jurídicas que las caracteriza sino por la dinámica social, comercial e inclusive insurgente que se ha desarrollado en esos vastos y permeables espacios geográficos, tradicionalmente desatendidos por los gobiernos venezolanos.

Respecto a Colombia, figura como documentos de interés el Laudo Arbitral dictado por Doña María Cristina Regente de España en el año 1891 (Laudo Español), la Sentencia Arbitral dictada por el Consejo Federal Suizo en el año 1922-23 (Laudo Suizo) y los trabajos de los Expertos Árbitros Suizos de 1923, Tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial de fecha 1939. Aunado a ello, todas y cada una de las Actas levantadas por la Comisión Mixta de Límites desde 1900-1901. Materia, ya juzgada.

Del mismo modo, debe tenerse presente el Tratado sobre Demarcación de Fronteras y Navegación de los ríos comunes entre Venezuela y Colombia del año 1941, el cual estatuye en su artículo 1:

 “que todas las diferencias sobre materia de límites quedan terminadas; y que reconocen como definitivos e irrevocables los trabajos de demarcación hechos por las Comisiones Demarcadoras en 1901, por la Comisión de Expertos Suizos, y los que se hagan de común acuerdo por los comisionados designados”.

 Firmado en abril de 1941 y aprobado por el congreso en junio del mismo año, este documento duramente criticado por el Dr. Agustín Ascanio Jiménez, quien interpuso una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia en el año 1971, así como el Dr. Aquiles Monagas quien hiciera lo propio en 1974, 30 años después de firmado y aprobado, el controvertido instrumento jurídico que, además, otorgaba a Colombia -a perpetuidad-, el derecho a la libre navegación por los ríos, conforme a los dispuesto en el artículo 2.

 Inconveniente resulta, someter a discusión en esta instancia, la pertinencia o no de este Tratado, pero debe señalarse que, es ejemplo de derecho imperfecto, ya que, para dar cumplimiento y validez a la navegación fluvial estipulada en el artículo 2, se debe ejecutar previamente lo establecido en el artículo 3, donde se exhorta a “negociar y celebrar un Tratado de Comercio y Navegación”, cuestión que no se ha hecho en 80 años, por lo cual, es de ignorantes repetir que desde entonces Venezuela permite a Colombia la libre navegación por sus ríos.

En el ámbito terrestre, el límite entre Venezuela y Colombia corre 2.260 Km desde Castilletes, como punto más septentrional, en sentido sur hasta la vaguada de río Negro (punto trifinio donde convergen los límites entre Brasil, Colombia y Venezuela), a 3.600metros aproximadamente de Piedra del Cocuy. La situación del límite terrestre merece especial mención, ya que éste se configura en un 0,5% referido al borde de la laguna de Cocinetas, 20,1% de rectas, 14% de accidentes montañosos y 65,4% de ríos como límite fluvial (ver imagen 1). Respecto al espacio marítimo, todavía está pendiente la delimitación de áreas marinas y submarinas al noroeste del golfo de Venezuela, tema asignado a la Comisión Presidencial para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia y otros temas (CONEG) desde marzo del año 1990, asunto que no se discute desde hace 14 años.

Imagen 1. Límite entre Venezuela y Colombia. Tipo y longitud estimada.

Con Brasil, los asuntos limítrofes fueron solventados con la firma del Tratado de límites y Navegación Fluvial del año 1859 y los subsecuentes Protocolos correspondientes a los años 1905, 1912 y 1918, la divisoria de aguas fue la metodología adoptada para establecer la delimitación, correspondientes a 2109 Km de límite y un sector de alineamientos rectos de 90 Km aproximados. El límite terrestre parte desde la vaguada de río Negro en dirección sur y noreste 2199 Km aproximadamente hasta el Monte Roraima (ver imagen 2), donde convergen las tres fronteras del Brasil, Venezuela y la Guayana Británica, conocido como Punto Trifinio.

  

Imagen 2. Límite entre Venezuela y Brasil. Tipo y longitud estimada.

Aunque no existen problemas limítrofes entre Venezuela y Brasil, hay asuntos de demarcación y densificación de hitos que deben ser atendidos, así como, a causa de la misma situación de vecindad, los problemas fronterizos donde figuran la minería ilegal, contrabando, tráfico de drogas, prostitución y muy particularmente la violación flagrante y reiterada, por parte de Brasil, del Acuerdo sobre el establecimiento de una zona non-aedificandi en la frontera entre los dos países (1988), cuyo artículo II estatuye:

1.      La zona non-aedificandi tendrá 30 metros de ancho a cada lado de la línea fronteriza.

2.      En esta zona no podrá realizarse ningún tipo de actividades ni obras.

3.      Cada Parte adoptará las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en el presente Artículo.

 

Diferentes visitas a la línea limítrofe entre Venezuela y Brasil e inclusive la revisión de imágenes satelitales sirven de evidencia suficiente para detectar construcciones en las adyacencias de la mencionada línea. Sobre este particular, poco se conoce acerca de las acciones adoptadas por Venezuela para denunciar el incumplimiento de dicho Acuerdo, cuestión preocupante, sobre todo porque en materia fronteriza, desde el año 2015, no se han realizado mayores acercamientos.  

Poco se puede decir sobre la situación limítrofe y fronteriza entre Venezuela y Guyana, no por indiferencia, sino porque ha resultado un asunto altamente sensible, particularmente en los últimos 6 años, desde que en el año 2015 Guyana hiciera público importantes descubrimientos de petróleo costa afuera, en la proyección marítima de Guyana y el Esequibo, este último objeto de reclamación por parte de Venezuela.

Sobre la cuestión limítrofe, Venezuela sostiene que éste se encuentra determinado por el río Esequibo, no obstante, se tiene como referencia el Laudo Arbitral de París de 1899 y los procesos de demarcación celebrados posteriormente, cuyos resultados consta en las actas levantadas durante las inspecciones de los años 1900, 1901, 1902, 1905 y 1931. De acuerdo con el Laudo, el límite entre Venezuela y la Guayana Británica (hoy República Cooperativa de Guyana) se estableció de la siguiente forma:

Principiando en la costa a la Punta de Playa la línea de demarcación correrá por línea recta a la confluencia del río Barima con el Moruruma, y continuará por el medio de la corriente de este río hasta su fuente, y de este punto hasta la unión del río Halowa con el Amacuro, y continuará por el medio de la corriente del Amacuro hasta su fuente en la Sierra Imataca, y de allí al Sudoeste por las cimas más altas del espolón de la Sierra Imataca hasta el punto más elevado de la cordillera principal de dicha Sierra Imataca en frente de la fuente del Barima, y de allí seguirá la cima de dicha cordillera principal, al Sudeste hasta la fuente del Acarabisi, y de este punto continuará por el medio de la corriente de este río hasta el Cuyuní, y de allá correrá por la orilla septentrional del río Cuyuní al oeste hasta su confluencia en el Wenamu, y de este punto seguirá el medio de la corriente del Wenamu hasta su fuente más occidental, y de este punto por línea recta a la cumbre del Monte Roraima, y del Monte Roraima a la fuente del Cotinga, y continuará por el medio de la corriente de este río hasta su unión con el Takutú, y seguirá el medio de la corriente del Takutú hasta su fuente, y de este punto por línea recta al punto más occidental de la Sierra Akarai, y continuará por la cúspide de la Sierra Akarai hasta la fuente del Corentín llamado río Cutari.

 

Conforme a la Sentencia, el límite desde Punta de Playa hasta el río Cutari tiene una longitud de 605 Km aproximadamente, así mismo, no se hace referencia a la proyección marítima y poco se refirió posteriormente sobre el tema, “siendo la tierra la que confiere al Estado costero, un derecho a las aguas que bañan sus costas” (Morales Paúl, 1989), no obstante, se precisa recordar que, en 1962 Venezuela planteó ante las Naciones Unidas la invalidez del Laudo y desde entonces se realizaron una serie de acercamientos que redundaron en la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, instrumento jurídico de carácter procedimental que, más allá de haber logrado el reconocimiento expreso de una controversia “surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito”, no tuvo resultados concretos en 52 años, siendo el año 2018 crucial, ya que finalmente el secretario general de las Naciones Unidas decide elevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, con el propósito de dar solución definitiva a la controversia, al tiempo que abre la posibilidad de establecer debida delimitación de las áreas marinas y submarinas entre ambos Estados.

 Hasta ahora se ha descrito la configuración limítrofe en el espacio terrestre, pero es mandatorio entender que Venezuela es un país continental-marítimo, con dos litorales abiertos simultáneamente, hacia el mar Caribe y hacia el océano Atlántico, situación que exige definir hasta dónde llega la jurisdicción del Estado venezolano sobre estas áreas. Para ello, Venezuela se volcó desde finales de la década de los 70 y hasta inicios de la década de los 90, a entablar negociaciones directas con sus vecinos, vale destacar la delimitación con Países Bajos a través de Aruba, Curazao, Bonaire, Saba y San Eustaquio (1978), Estados Unidos a través de Puerto Rico (1978), República Dominicana (1979), Francia a través de Guadalupe y Martinica (1980) y Trinidad y Tobago (1990), siendo ésta la última delimitación concretada (ver imagen 3).

Imagen 3. Delimitaciones concluidas

En contraparte, persisten las delimitaciones marítimas pendientes con Colombia, al noroeste del golfo de Venezuela, Saint Kitts y Nevis, Monserrat, Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Grenada y eventualmente con Guyana, una vez sea resuelto el asunto territorial (ver imagen 4).    

Imagen 4. Delimitaciones pendientes.

 El espacio geográfico venezolano abarca entonces 916.445 Km² de superficie continental, cuyos vecinos inmediatos son Colombia, Brasil y Guyana, además supera los 560.000 Km² de espacio marítimo que limita con Colombia, República Dominicana, Países Bajos, Francia, Trinidad y Tobago, Guyana y el resto del rosario de islas orientales del Caribe, disponiendo de una superficie total aproximada de 1.476.445 Km², ello sin soslayar que, conforme a la reclamación sostenida ante Guyana, existe en discusión 159.500Km² de superficie correspondiente al territorio Esequibo. Además, considerar su envidiable posición geográfica, al encontrarse en el extremo norte de América del Sur y tener facilidades de comunicación vía terrestre, marítima, fluvial y/o aérea, con los países del sur, centro y norte américa, y el continente europeo y africano, nos advierte no solo lo vasto de nuestro espacio geográfico, sino la preeminencia que tiene o debería tener en el ámbito geopolítico y geoestratégico.

En palabras del general Celis Noguera (1991), “la frontera venezolana sufre de soledad, de marginalidad, de falta de infraestructura para su seguridad” y aun cuando han pasado 30 años de esa afirmación, la actualidad indica la alta permeabilidad de nuestras fronteras, siendo evidentes los reiterados y cada vez más violentos incidentes fronterizos en los últimos años, sobre todo en diversos sectores del río Arauca.

La desatención de las zonas fronterizas avizora la posibilidad que nuestros vecinos avancen y se fortalezcan en su pretensión expansiva de ocupación y desarrollo de sus espacios fronterizos, cuestión de implicaciones directas sobre nuestra frontera, como área de influencia inmediata. La indefinición o falta de precisión de nuestros espacios geográficos implica tarde o temprano conflictos con los Estados vecinos, por tal razón la importancia de conocer y procurar la determinación de nuestros confines.

¿Qué pasa con el Esequibo?

 

Por Josmar Fernández

@josmarfernandez

 

Nuevamente el tema del Esequibo quedó en silencio, pocas apariciones se han hecho para sensibilizar sobre la materia. Se conoce la existencia de equipos de trabajo que, laboran paralelamente, pero se desconoce si en algún punto suman esfuerzos o no, debido a las diferencias ideológicas.

 De cualquier manera, a veces corresponde definir algunos puntos de interés para coadyuvar a la mejor o mayor comprensión de un tema que, aunque para algunos sea increíble, numerosos venezolanos (y extranjeros) no terminan de entender.

 A partir de un trabajo adelantado hace más de diez años, sustentado en parte, sobre la revisión documental de fuentes primarias, referencias de otros estudiosos y la recogida “en campo”, se logran identificar algunas (in)coherencias que parecieran irrelevantes, pero que, en su justa medida, son importantes tomar en cuenta, para poder manejar políticamente los escenarios, a futuro.

 Los venezolanos se han debatido entre dos esquemas, por un lado, el Esequibo es nuestro, somos víctimas del despojo, entre cuyas ideas se sostiene: retomar los Buenos Oficios, apostar por la negociación directa, ir ante otra instancia diferente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)[1], realizar una incursión militar, promover la población y cedulación, resolver ante la CIJ. Por otro lado, hay quienes manifiestan el Esequibo no es nuestro, cuyas argumentaciones se circunscriben a: nunca lo fue, se perdió en 1897, se perdió en 1899, se regaló a inicios del año 2004. Aunado a ello, se encuentra el debate entre comparecer o no ante la CIJ, al menos en esta segunda fase del proceso adelantado por esta instancia internacional.

 Si no comprendemos el problema y nos ponemos en sintonía, mal podemos llamar a las fuerzas vivas para, desde un acto consciente, respaldar o rechazar decisiones que les son ajenas. Entendemos entonces que se apelaría a la incuestionable e irreflexiva solidaridad automática, debatible en estos tiempos debido al quiebre político conocido por todos. La clave está en los especialistas y/o expertos, no solo en la controversia del Esequibo sino en materia de Derecho Internacional Público.

 Afrontamos un tema multifactorial que, exige un trabajo multidisciplinario entre abogados expertos en Derecho Internacional, geógrafos, historiadores, internacionalistas y politólogos (no políticos). Me disculpo de antemano si se me escapan otros. La situación requiere poner en práctica el consenso toda vez que, al revisar los escritos y las presentaciones públicas de algunos estudiosos, se pueden identificar que, más allá de la repetición de frases habituales, existen diferencias importantes sobre algunas cuestiones sustantivas que son mandatorio abordar, algunas de ellas con implicaciones directas sobre la fase de fondo, próxima a discutir ante el máximo tribunal internacional (CIJ), otras referidas a sincerar la reclamación territorial.

 Dentro de los asuntos de necesaria atención y sobre los cuales debe prevalecer una posición coherente, están las negociaciones entre Venezuela y Reino Unido previo a 1897, la discusión sobre la ejecución o no del Laudo Arbitral de 1899 por parte de Venezuela, elementos de vicios del Laudo, las negociaciones entre Venezuela y Guyana a partir de 1966, consciencia sobre la pertinencia o no de la CIJ como mecanismo ideal de solución de la controversia, ventajas y desventajas de comparecer o no ante la CIJ, el factor tiempo como problema para la toma de decisiones oportunas, alternativas de delimitación marítima ante posibles escenarios.

 En lo inmediato, los esfuerzos deben ser direccionados hacia las cuestiones de fondo, próximas a debatir ante la CIJ, ello implica la revisión de los hechos y el análisis -objetivo- de las acciones y omisiones emprendidas por Venezuela desde el inicio de la controversia hasta 1966, pero ello no exime atender otros asuntos que proporcionarían mayor comprensión de la reclamación sostenida por Venezuela.

 Evidentemente, la recopilación de información juega un papel fundamental, por lo cual se requiere de extraordinaria coordinación para procesarla debidamente. En algunos espacios se escucha reiteradamente sobre la búsqueda de información en archivos extranjeros principalmente Rusia, España, Londres, el Vaticano, pero poco se escucha (aunque sea evidente) de los archivos de: Cancillería venezolana, Oficina de Fronteras, Armada Nacional, Academia de Historia, Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB, Centro de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales en la UNIMET, el material documental y gráfico o cartográfico dejado por el Alm. Elías Daniels, durante los 19 años que estuvo al frente de la Unidad Especial de Guayana, el material documental dejado por el embajador Emilio Figueredo Planchart, durante su representación por 12 años con el tema de los Buenos Oficios. Sin contar algunos particulares que tienen o han adelantado esa tarea, como el Dr. Brewer Carías, durante su expedición en 1981.

 De quienes poco se habla son de dos insignes abogados venezolanos como son Gonzalo Parra Aranguren y Andrés Aguilar Mawdsley, quienes figuran como los dos únicos venezolanos que han sido jueces en la Corte Internacional de Justicia. En el caso del Dr. Aguilar, es obligatorio mencionar entre sus trabajos: “Aceptación de la Jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Reservas a la cláusula opcional” (1993), “La validez o nulidad de las sentencias arbitrales en el Derecho Internacional Público” (1996), “La jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia a la luz de la jurisprudencia de este alto tribunal” (1996). “La prueba ante la Corte Internacional de Justicia” (1998). Como se verá, temas claves que dan luces a la controversia.

 A veces preocupa la ojeriza con la cual algunos ven los trabajos de otros connacionales, debido a cuestiones personales, su vinculación política o porque sus posturas (debidamente argumentadas) difieren de lo que se ha querido imponer, dejando a un lado su rigurosidad investigativa, experiencia y preparación técnica, sin embargo, necesario es rescatar el material valioso que permita consolidar una tesis defendible y cimentar la doctrina venezolana en esta materia.  

 No podemos olvidar el principio de la corresponsabilidad, sobre el cual constitucionalmente estamos obligados a acogernos, si queremos promover, de forma activa y responsable, la defensa de nuestros derechos soberanos, gravemente amenazados en la actualidad.

 

Caracas, 3 de junio de 2021.

josmarfernandez@gmail.com

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[1] Representantes de la ONG “Fundación Venezuela Esequiba”, por ejemplo, han manifestado la viabilidad de acudir ante el Vaticano (Foro 119. 29 de agosto de 2019).

El viacrucis del Dr. Charles Brewer Carías

Por Josmar Fernández

@Josmarfernandez 

“La República Cooperativa de Guyana, violando el congelamiento que le impone el Protocolo de Puerto España, ha desarrollado intensamente el Territorio Venezolano en reclamación”, así dejaba por sentado en su informe, hace 40 años, el Dr. Charles Brewer Carías, ministro de la Juventud, responsable de haber llevado a cabo durante la Semana Santa de 1981, la única salida de campo (conocida) de rigor que se ha realizado en del territorio Esequibo y sus adyacencias, junto a 50 jóvenes en misión de campamento juvenil, a propósito de consolidar los principios de identidad nacional.

Según palabras del entonces ministro, esa idea fue conversada con las FFAA y éstos le prestaron apoyo logístico de pernocta en el Fuerte Tarabay y traslado hasta el último tramo de la carretera, donde iniciarían, sin ningún tipo de acompañamiento militar, su largo recorrido hacia un sector de la parte norte del territorio en reclamación, según la programación desarrollada por 14 colaboradores, encabezados por el Dr. Brewer Carías.

La expedición fue grabada, el trabajo de gabinete incluyó registro fotográfico y escrito de las características más resaltantes de los pueblos visitados, así como el sistema de comunicación disponible. Además, refirió pruebas de presencia de patrullas militares guyanesas en una mina de manganeso abandonada, en el estado Bolívar.

El programa de campamentos con fines de reconocimiento era una estrategia cristalizada dentro del marco del VI Plan de la Nación que según el expedicionario “creemos que se puede reforzar la identidad nacional y poblar el territorio venezolano” (El Mundo, 27 de abril de 1981), participar en él, según Reinaldo Alvarado, viceministro de la juventud para la época, exigía solo dos requisitos: haber cumplido 16 años y ser declarado física y mentalmente apto (El Diario de Caracas, 25 de abril de 1981).

El ministro de la Juventud fue duramente fustigado por considerarlo imprudente, sobre todo los representantes de Acción Democrática, el expresidente Carlos Andrés Pérez y David Morales Bello, este último quien refiriera “Solo un gobierno poco serio puede permitir que un ministro de la Juventud invada Guyana”, a la sazón de lo descrito por el gobierno guyanés, calificándolo de “provocación sin precedente…provocación grosera”.

 El Nacional. 27 de abril de 1981.

Tal proeza no fue un paseo ni requirió la presencia de los políticos como acto simbólico, se hizo sin mayor alarde, y sus resultados fueron altamente interesantes, no solo por la información recopilada referida a pueblos, vías principales, medios de transporte y comunicación e infraestructura, incluyendo pistas de aterrizaje que, pudo servir de insumo para diseñar estrategias políticas, socioeconómicas y militares a futuro, sino por las reacciones desencadenadas a nivel nacional que terminaron en la destitución del ministro entre contradicciones que se diluyeron en el silencio.  

El Dr. Brewer y su equipo desnudaron una parte de un territorio poco conocido por los venezolanos, pero cada día más desarrollado por los guyaneses, y potencialmente por Brasil, interesado en desarrollar conjuntamente un plan de carreteras que alcanzaba aproximadamente 800 millas, para entonces. Evidenció también que durante el “congelamiento” promovido por el Protocolo de Puerto España (1970-1982) Guyana fue consolidándose progresivamente en la zona en reclamación, a la par que, fortalecía el entrenamiento de su personal militar en teatro de operaciones de selva (Diario Guyana Graphic, 19 de octubre de 1969), entrenamiento que por cierto había realizado en Brasil el entonces capitán David Granger, presidente de Guaya en el período 2015-2020.

El Nacional. 28 de abril de 1981.

        Indudablemente, la ocupación y consolidación de actividades en la zona es de vieja data, pero Venezuela en todo momento se opuso y protestó a tiempo y de forma contundente todo tipo de proyecto que involucrara a terceros actores y cualquier mecanismo de financiamiento internacional. La situación se complicó luego de las declaraciones en Georgetown del entonces presidente venezolano a inicios del año 2004, cuando manifestó:

“El Gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área. Me refiero a proyectos como acceso al agua potable, construcción de carreteras, programas energéticos y de agricultura…El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países” (negrita propia).

Esta declaración sin duda asestó un duro golpe de timón a la posición venezolana sostenida hasta entonces, robusteció las acciones emprendidas por Guyana para aumentar y promover la entrega de licitaciones de exploración y explotación minera, maderera y petrolera, no solo en el espacio continental del Esequibo, bajo su administración desde 1966 producto de la herencia británica con el Laudo Arbitral de 1899, sino también en su proyección marítima, espacio geográfico pendiente por delimitar y donde nuestros derechos soberanos se ven peligrosamente amenazados, frente a tantos intereses en juego.

29/03/2021