Esequibo: La manzana de la discordia.

Por Josmar Fernández

@josmarfernandez

Como sabemos, Venezuela no es una isla, ni desde el punto de vista geográfico ni jurídico, si nos remitimos al artículo 121 de la CONVEMAR, de la cual, por cierto, no somos firmantes. Responde a una realidad amazónica, andina, caribeña y atlántica. Sus relaciones de vecindad, en el espacio continental se desarrollan con Brasil, Guyana y Colombia, estos dos últimos con quienes también se vincula en el ámbito marítimo además de República Dominicana, Países Bajos, Estados Unidos a través de Puerto Rico, Grenada, St. Kitts y Nevis, Reino Unido (Monserrat), Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. 

Con Guyana sostiene una controversia debido a la reclamación por el territorio Esequibo, despojado por el Laudo Arbitral de París de 1899; y de cuya solución depende, potencialmente, delimitar también con Barbados y Surinam. Evidentemente, como Venezuela no es una formación insular, todas las acciones u omisiones cometidas con Guyana, tendrán repercusiones sobre otras controversias pendientes con sus demás vecinos. 

Aunque nuestra diferencia territorial es originalmente con el Reino Unido, Guyana con su independencia, la heredó en términos de “cualquiera controversia pendiente” y desde entonces las relaciones bilaterales han sido incómodas, debido a su interés de elevar el caso ante la CIJ, a fin de decidir sobre la nulidad o no del Laudo de 1899, declarado unilateralmente por Venezuela nulo e írrito y quien, además, ha insistido torpemente en sostener un mecanismo como los Buenos Oficios, agotado desde hace mucho no solo por la falta de resultados concretos, sino por la presión ejercida por Guyana, con el aumento acelerado del desarrollo de actividades de exploración y explotación de recursos naturales dentro del Esequibo.

En Venezuela, ahora todos están concentrados en identificar responsables, cuando debemos asumir, tal como lo afirmaba el Almirante Elías Daniels, todos los gobiernos han cometido fallas respecto a este tema, ciertamente, unos están más comprometidos que otros, pero por ser una materia de interés nacional, las responsabilidades finalmente son compartidas.

Desde el año 2018 se tenía conocimiento de la remisión de la controversia a la CIJ, debido a una demanda interpuesta por Guyana, apoyada por una decisión del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres; y en la misma fecha mediante comunicado de la Cancillería venezolana, se conoció la decisión de Venezuela de no presentarse ante la corte. Es ahora, en junio 2020 cuando esa decisión se discute.

La pandemia actual es una situación coyuntural, razón por la cual el 17 de marzo del presente año la CIJ emitió una notificación donde informaba el aplazamiento del caso Guyana Vs Venezuela hasta nuevo aviso, sin embargo, el 29 de mayo publica un comunicado en donde participa que el día 30 de junio a las 2:00pm se abrirán las audiencias públicas, referidas a la jurisdicción de la corte en el caso del Laudo Arbitral de 1899 (Guyana Vs Venezuela), cuestión sorpresiva para quienes estaban convencidos de no llegar a este punto. 

Desde entonces, han comenzado a aparecer públicamente (porque desde principios del año 2019 se advirtió a algunos personajes), ideas disidentes sobre el hecho de no presentarse ante la corte, o bien, grupos cuestionando que este sea el único caso sometido a videoconferencia, asunto que, según éstos, develaría posibles conspiraciones en contra de Venezuela para despojarla definitivamente del territorio Esequibo.

Ante la pretendida matriz de opinión, no podemos desconocer el error injustificable cometido por la CIJ al participar que daría curso al caso, antes de notificar la enmienda de los artículos 59 y 94 de su Estatuto, donde se estipula "la corte puede decidir, por salud, seguridad u otras razones de peso, celebrar una audiencia total o parcialmente por video link" así como "la lectura de la sentencia del tribunal…” respectivamente. Por otro lado, tampoco podemos desconocer que también existe la posibilidad de solicitar prórroga, tal y como lo hicieron Guatemala, quien pidió 12 meses de extensión, y Gambia, quien pidió 3 meses de prórroga; mientras que Venezuela no la solicitó.

La jurisdicción de la CIJ es facultativa, no obligatoria y sobre ello se apoya Venezuela para no participar en el proceso adelantado por este máximo tribunal internacional. Para algunos, Venezuela debió haber pedido prórroga, otros defienden que no debería remitir ningún tipo de misiva susceptible de interpretarse como reconocimiento de este órgano, razón para entender la falta de interés en buscar otras alternativas que, al menos hubiesen permitido ganar más tiempo para pensar en una mejor estrategia y tratar de unificar apoyo por parte de expertos, especialistas, academias, fuerzas políticas, grupos activistas y ciudadanos en general.

Se han introducido más de 150 casos ante la CIJ, en donde participan cada vez más los países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Belice, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.  Esto no sugiere la obligatoriedad de reconocerle jurisdicción, coincidimos que es una decisión soberana, faltaría conocer la interpretación de la corte sobre el artículo IV del Acuerdo de Ginebra; pero sí debe llamar poderosamente la atención, para ubicarnos dentro de un escenario cuya tendencia para resolver las controversias es su aceptación.

La decisión de la CIJ es impredecible, aunque vale recordar el artículo 53 de su Estatuto donde se permite a una de las partes solicitar a la corte que decida a su favor, así la otra parte se abstenga de defender su caso. De cualquier forma, Venezuela no ha sido el único país en no comparecer ante ella, tenemos ejemplo de Francia, Islandia, Argentina, Estados Unidos y Turquía por nombrar algunos. Ahora, los casos siempre han seguido su curso y finalmente la CIJ ha emitido sentencia, la cual tiene carácter inapelable y de obligatorio cumplimiento, según lo estipulado en el artículo 60 del Estatuto.

Algo llamativo, algunas de estas sentencias no han sido acatadas en un principio. Argentina recurrió a la mediación del Vaticano para solventar su controversia con Chile, Islandia y Reino Unido, así como Guinea Bissau y Senegal solucionaron mediante acuerdo bilateral, también se encuentran casos como Nigeria quien, tras años de desacatar la decisión, terminó entregando la península de Bakassi a Camerún o Colombia que luego de su actitud frente al fallo con Nicaragua, está inmersa en un nuevo proceso judicial.

 Salvando las diferencias entre los elementos y factores vinculados a los casos expuestos, si bien no parecieran conocerse sanciones sobre los Estados que desacaten la decisión de la CIJ, de alguna manera, se ve afectada su reputación como Estado respetuoso del Derecho Internacional.  

Asunto parecido al nuestro es el de Honduras-Nicaragua en 1960, en el cual Honduras tenía la posesión del territorio y Nicaragua cuestionó el Laudo Arbitral emitido por el rey de España en 1906. La corte dictaminó la validez del Laudo y exhortó su obligatorio cumplimiento por parte de Nicaragua. Ciertamente, se debe revisar el fondo del asunto para establecer semejanzas y diferencias con nuestra reclamación.

Por lo pronto, en Venezuela hay una obligación moral de responderle al venezolano dos incógnitas sobre esta controversia ¿dónde estamos? y ¿hacia dónde vamos o qué podemos esperar? Oficialismo y oposición coinciden en el no reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ, ahora, ¿coinciden también en no presentarse ante ella, este 30 de junio?

La AN ha emprendido acciones tardías, cuando finalmente emite un Acuerdo de ratificación de rechazo de someter a la corte la reclamación del Esequibo con fecha 18 de junio del presente año, donde manifiesta -a 12 días de la audiencia- no haberse agotado los medios de solución pacífica de controversias no-jurisdiccionales, además de asegurar que se ha decidido “de manera negligente…no participar en el proceso seguido ante la Corte Internacional de Justicia”, posteriormente, se publica una carta de la "Oficina del Procurador Especial" en la cual solo se hace alusión a la falta de jurisdicción de la corte, no se plantean propuestas o acciones, conociendo su posible impacto para Venezuela.

Recordemos, el Estado venezolano será tratado por la CIJ como una de las partes involucradas, y todavía no se percibe consenso nacional sobre las medidas adoptadas ante este máximo tribunal internacional. Las responsabilidades son compartidas y si eventualmente la corte acepta tener jurisdicción para conocer el caso, le dará curso y emitirá sentencia ¿ya se pensó en las futuras acciones?

La culpa de la falta de consenso nacional no fue de Guyana, ni las transnacionales, ha sido nuestra ineptitud y desinterés por prepararnos mejor y dedicarnos al tema con rigurosidad. No es posible designar personas, algunas sin mayor conocimiento de la materia y señalarlos mañana de nuestras frustraciones.

Evidentemente, el Esequibo es nuestra manzana de la discordia.

 Caracas, 26 de junio de 2020

Reflexiones Fronterizas en tiempo de pandemia. La reclamación del Esequibo en un eterno debate.

Por Josmar Fernández

Esta semana correspondía retomar el tema de los expertos en materia de fronteras y límites, sin embargo, desde hace unos días, el grupo Mi Mapa ha realizado interesantes cuestionamientos sobre el comportamiento pasivo de los venezolanos, exteriorizando un clamor nacional, de vieja data, de exhortar al Estado venezolano a ser más agresivo en su accionar respecto a la reclamación del Esequibo, espacio geográfico que no se nos pretendió despojar con el Laudo de 1899, sino que, en efecto se nos despojó.

Analizando los últimos 50 años, no se ha dado un debate nacional en esta materia, como tampoco se nos habló propiamente de las ventajas y desventajas que representaba para Venezuela, la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.

Siendo éste el único instrumento jurídico que garantiza, al menos, el reconocimiento por parte del Reino Unido y Guyana, de una contención por parte de Venezuela, cuestión que no significa de ninguna manera, que se haya dejado sin efecto el Laudo Arbitral, declarado unilateralmente nulo e írrito; no es menos cierto que tiene sus bemoles y así lo dieron a conocer en su oportunidad insignes venezolanos de la talla de Efraín Schacht Aristiguieta, Marcos Falcón Briceño, Isidro Morales Paúl, Carlos Sosa Rodríguez, Pedro José Lara Peña, Juan Carlos Rey, Ramón Carmona y el jurista y ex canciller René De Sola, como uno de los mayores críticos, quien publicó “Guayana Esequiba y el Acuerdo de Ginebra” donde exponía a detalle sus reservas sobre el acuerdo.

Tales observaciones parecieran no haber tenido mayor repercusión, al menos el debate sobre los posibles desafíos que se nos presentarían a futuro no se dio. Para el año 1981, Pedro José Lara Peña decretaba tajante “con el Acuerdo no hemos logrado ningún paso positivo ni lo haremos en el futuro”. Expresión lapidaria.

Sería inútil a estas alturas, profundizar sobre lo que dejamos de hacer internamente en 54 años y hoy nos pasa factura. Para dar un ejemplo y, apartando la cuestión político-partidista, que tanto daño ha hecho en este particular, sería irresponsable negar que en el año 2013, un grupo de diputados de “Movida Parlamentaria”, encabezado por la entonces diputada María Corina Machado, preparó un proyecto de ley para ser introducido ante la Asamblea Nacional, cuyo objeto era reforzar la posición de Venezuela en el territorio en reclamación ante las pretensiones de Guyana, la idea central era determinar las zonas marítimas, incluyendo la plataforma continental extendida, correspondiente a la proyección de la fachada atlántica del estado Delta Amacuro y hacer reserva expresa de los derechos de nuestro país sobre el Esequibo.

El proyecto se desestimó en su momento, luego, en el año 2018 se creó la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y su Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional (AN) a quien se le instruyó “iniciar la preparación de un proyecto de ley que fije claramente los espacios correspondientes a la Fachada Atlántica, e igualmente convoque activistas y expertos en la materia, con el objeto de elaborar los proyectos de leyes necesarios que tengan que ver con la reafirmación de nuestra integridad territorial y marítima”. Hasta hoy no se conocen detalles al respecto.

Analizar la controversia implica conocer la perspectiva venezolana y comprender los argumentos esgrimidos por Guyana, para poder realizar cuestionamientos sensatos. Ello nos lleva a identificar una discrepancia de interpretaciones: Venezuela afirma que la controversia es territorial, lo que implica la devolución del territorio que le fue despojado, Guyana sostiene que la controversia es jurídica, reconoce la contención de Venezuela al manifestar unilateralmente que el Laudo de 1899 es nulo e írrito, por lo cual, exige discutir en principio la validez o no del Laudo ¿Cómo se concilian dos interpretaciones de la controversia, mutuamente excluyentes? ¿Cómo se selecciona el mecanismo para solventar la controversia, si su aplicación depende precisamente de ello?

Remitirnos al Acuerdo de Ginebra, implica referir el artículo IV, tremendamente discutido, en el cual se cita el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, donde el arreglo judicial está previsto, sin embargo, hay quienes sostienen que es un párrafo enunciativo, porque Venezuela no hace reconocimiento expreso de la jurisdicción de la Corte y no creen que se pueda interpretar de tal manera.

En todo caso, la negociación obliga a pensar en mínimas y máximas aspiraciones respecto al territorio Esequibo, hay que decirlo responsablemente. Alimentar un discurso diferente, puede llevarnos al punto poco conveniente de una escalada del conflicto, cuestión que se traduciría en una amenaza a la paz de la región. Pareciera que no se ha puesto sobre la balanza el efecto rebote, por parte de la sociedad venezolana hacia las fuerzas políticas, ante el posible desenlace de esta controversia.

Debemos dejar la ingenuidad, las relaciones internacionales no se basan en hacer amistades, sino en entrar en un juego de intereses nacionales y poder. Estamos en una situación compleja y desfavorable, frente a una CIJ impredecible, cuya aceptación del caso podría significar una solución conforme al estricto derecho o con arreglo de normas de equidad, ex aequo et bono. Hay que decirle al venezolano que la tendencia en sus decisiones ha sido lo segundo y ello no necesariamente nos beneficia, tampoco se puede seguir vendiendo la idea de teorías conspirativas o apostar al desprestigio de los organismos internacionales que son consultados por la comunidad internacional.

Con una visión clara, el profesor Juan Carlos Rey refería “la tentación de la demagogia” como un peligro en la conducción de nuestra Política Exterior y del cual debemos estar atentos, cuyo significado es “abdicación por parte de los líderes políticos de su responsabilidad de tomar decisiones y el renunciar a su deber de tratar de orientar a la opinión pública por temor a la impopularidad”. En 1962 nos pronunciamos oficialmente respecto a la reclamación, hay dos opciones: quedarnos de brazos cruzados para luego señalar responsables, nuestro pasatiempo favorito, o pensamos en una mejor estrategia que el discurso retórico.

No hay espacio ni tiempo para falsas expectativas, hacen seguimiento Colombia y algunos países del Caribe, con los que tenemos una delimitación de áreas marinas y submarinas pendiente.

Caracas, 19 de junio de 2020.

@josmarfernandez

josmarfernandez@gmail.com

Reflexiones Fronterizas en tiempo de pandemia. Venezuela, Guyana, las transnacionales y la CIJ

Por Josmar Fernández

A partir de la notificación realizada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a través de su página oficial, el viernes 29 de mayo, informando que daría curso vía videoconferencia, debido a la pandemia generada por el COVID19, a las audiencias públicas referidas al caso pendiente entre Guyana y Venezuela sobre el Laudo Arbitral de 1899. Los comentarios no se hicieron esperar y por eso resulta interesante hacer una revisión de la situación.

Con la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, se instaba a “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia” a través de la creación de una Comisión Mixta que, en 4 años no dio resultados. Inmediatamente se firma el Protocolo de Puerto España en 1970 y se suspenden las conversaciones por 12 años. Cumplido el período, Venezuela denuncia el Protocolo, pero por falta de acuerdo entre las partes se pierden 7 años más, cuestión que presionó el acercamiento hacia el   Secretario General de las Naciones Unidas, estableciéndose como mecanismo de arreglo pacífico de la controversia, los Buenos Oficios en 1989, facilitando el acercamiento entre las partes, pero sin ningún progreso significativo hasta el año 2017.

Haciendo un balance, llevamos 54 años en espera de resultados positivos. Si bien los temas territoriales no son de fácil y rápida solución, ante lo que en teoría de juegos se llama juego de suma cero, Antonio Guterres, Secretario General de la ONU el 30 de enero del año 2018, escoge el arreglo judicial (CIJ) como mecanismo de solución de controversia. Guyana aplica la solicitud ante la CIJ el 29 de marzo de 2018, mientras que, Venezuela manifestó al día siguiente que lo desestima y posteriormente el 28 de noviembre de 2019, consigna ante la Secretaría de la CIJ un “memorándum donde reitera su posición sobre la falta de jurisdicción de esa instancia judicial internacional respecto de la demanda unilateral”.

Guyana, Estado de reciente creación, pequeño, pobre, con marcadas diferencias raciales y problemas gubernamentales de corrupción, se preocupó por hacer lobby en los organismos internacionales, realizó alianzas estratégicas y fortaleció relaciones y apoyos con Caricom y Commonwealth, avanzó en los procesos de delimitación marítima pendientes con los países vecinos, propuso la extensión de su plataforma continental, flexibilizó su legislación para atraer inversiones y así, consolidó la presencia de algunas de las empresas trasnacionales más importantes del mundo, en el territorio bajo su jurisdicción -incluyendo el Esequibo-, transgrediendo así los derechos de Venezuela sobre su proyección marítima en el Atlántico, que hoy se ven amenazados.

Venezuela, desde el primer momento apostó por la negociación directa y la confianza del cumplimiento de buena fe por parte de Guyana de lo convenido en el Acuerdo de Ginebra, cuestión que, independientemente de ello, si hemos honrado. Ha insistido por más de 30 años, ingenua o soberbiamente, por un mecanismo dentro del cual no se han logrado avances porque los intereses en juego son, sin duda, mutuamente excluyentes. Las acciones parecieran limitarse al ámbito diplomático, a través de acercamientos poco exitosos por la vía de la cooperación bilateral, pero también, mediante innumerables y enérgicas notas de protestas que lograron neutralizar en muchas oportunidades las pretensiones del Estado vecino.

Ahora, pese a la decisión soberana de no reconocer la jurisdicción de la corte, persisten dudas en algunos sectores sobre el compromiso asumido en el artículo IV del Acuerdo de Ginebra, donde se cita el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, en el cual el arbitraje y el arreglo judicial están incluidos dentro de los medios de solución pacífica. De otra parte, han resurgido cuestionamientos sobre la actitud de las transnacionales frente al conflicto, ideas sobre poblar la Guayana Esequiba o acercar los programas sociales, crear un nuevo estado, entre otras propuestas que fueron desestimadas en su momento. Cabe la pregunta ¿por qué serían pertinentes ahora?

Un caso aleccionador, cuando el entonces ministro de la juventud Charles Brewer Carías junto a un grupo de 50 jóvenes voluntarios, se adentraron en una sección de la parte norte del territorio Esequibo, durante la Semana Santa del año 1981, y levantaron información importante donde demostraban -para ese entonces- el intensivo desarrollo que Guyana había adelantado durante los 12 años de congelamiento de las negociaciones e instaba a hacer lo propio. Ello trajo consigo fuertes señalamientos al entonces ministro, por parte de personajes de la política venezolana y algunos de sus pares dentro del gabinete ministerial; probablemente una de las razones de su salida del ministerio.  

Lo cierto es que nunca se les ha explicado a los venezolanos por qué dichas acciones se consideran inconvenientes, como tampoco se aborda esa matriz de opinión, 39 años después, de repoblar y desarrollar actividades sobre un territorio que, aunque sujeto a reclamación, está administrado por otro actor desde hace 121 años.

Pareciera que la situación exige sincerar escenarios, redefinir estrategias, informar y reeducar eficientemente a los venezolanos sobre las ventajas y desventajas que representa este conflicto, así como neutralizar matrices de opiniones que, por no atender a tiempo, se han atrincherado en el pensamiento colectivo venezolano.

Como decía Simón Rodríguez “Inventamos o erramos”.

Caracas, 1 de junio de 2020.

@josmarfernandez

josmarfernandez@gmail.com