Por Josmar Fernández
La
Corte Internacional de Justicia, el pasado 6 de abril se pronunció referente a
la excepción preliminar interpuesta por Venezuela, respecto a la admisibilidad
de la demanda presentada por Guyana en marzo del año 2018, donde solicita que
se declare la validez del Laudo Arbitral de París (3 de octubre de 1899). Por
unanimidad, la objeción preliminar fue rechazada, por catorce votos contra uno.
Para algunos estudiosos del asunto,
el recurso utilizado por Venezuela sirvió para ganar tiempo. Si bien Venezuela
ha recurrido a un grupo de asesores internacionales, pareciera que, tras dos
reveses, considerando también la sentencia sobre jurisdicción, emitida el 20 de
diciembre de 2020, donde la Corte afirmó su competencia para conocer del caso;
corresponde someter a cuestionamiento el desatinado desempeño, sobre todo, si,
durante el proceso y desde otros espacios, reconocidos abogados y diplomáticos
venezolanos advirtieron reiteradamente y con legítima preocupación, el
desacierto que se cometería al llevar a cabo ciertas acciones.
Durante los dos procesos celebrados
hasta ahora, ante la CIJ, en todo momento se conoció quiénes serían los
asesores y representantes legales, por parte de la comitiva guyanesa, inclusive
los dieron a conocer en comunicados de prensa. Por su parte, en Venezuela, a
excepción del agente y coagentes, se conoció quiénes eran los asesores y
representantes prácticamente el día en que se celebraron las audiencias orales;
observándose, por cierto, la ausencia de abogados expertos en derecho
internacional público, siendo que, este asunto compete a esta rama del derecho.
Se entiende la necesaria prudencia
conque debe llevarse este tema, sobre todo siendo una cuestión que despierta
los más profundos sentimientos nacionalistas y eso podría afectar la estrategia
nacional, sin embargo, ha sido objeto de especial preocupación, entre los
estudiosos ocupados prácticamente a dedicación exclusiva, no haber sido
llamados para contribuir con sus conocimientos y experticia, a la conformación
de equipos de consulta, para fortalecer la argumentación venezolana; y es que,
debe entenderse la obligatoriedad de contar con expertos y/o especialistas que,
se hayan dedicado, acuciosamente, a estudiar estos asuntos, eso no lo dan
ocho años de lectura, ni unos minutos de WhatsApp; al contrario, eso demuestra
desacierto y propicia la derrota.
En este punto, el presidente de
Venezuela tiene una responsabilidad histórica, quizás de las más determinantes,
sobre cómo va a pasar a la historia, respecto a tan delicado particular que, ha
perturbado por más de una centuria al pueblo venezolano.
Tras el pronunciamiento de la
Academia de Historia, el Colegio de Geógrafos, la organización activista Mi
Mapa y algunos políticos. Conociendo así mismo, la providencia de la CIJ, dada
a conocer hoy 13 de abril, sobre la fecha límite que tiene Venezuela para
entregar su contra memoria (8 de abril de 2024); sería interesante conocer las
voces de todas las fuerzas vivas, para coadyuvar a consolidar, con genuina madurez
y responsabilidad ciudadana, el consenso nacional que necesitará el máximo
mandatario, para tomar la decisión más sensata y trascendental para el país.
Resulta irrelevante insistir en
señalamientos sobre el grado de responsabilidad que han tenido algunos
personajes de la historia, para haber llegado a este punto, por impericia o
soberbia. Es claro que, a lo largo de los años se ha incurrido en errores u omisiones
que nos han llevado a estar en la situación actual. Corresponde hacer a un lado
el fanatismo y comprender que nos jugamos la única oportunidad concreta, para
demostrar, tal y como se ha sostenido a lo largo de la historia, que el Laudo
Arbitral de 1899 es nulo e írrito.
Debemos seguir
participando en el juicio.
A lo lejos se acerca el lobo feroz…ojalá no sea
nuestra imagen reflejada en un espejo.
